La Contraloría General de la República calculó en más de $300 mil millones el daño patrimonial generado por las irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de concesión de peajes en la ciudad de Cartagena. 

El daño pasó de $3.500 millones a $89.000 millones, a precios de 1997, que equivalen a $300 mil millones de pesos de hoy. 

La CGR determinó inconsistencias en la información y soportes de costos y gastos de la operación, y realizó un nuevo cálculo de acuerdo con la Tasa Interna de Retorno pactada en el contrato de concesión como remuneración del concesionario, encontrando que la TIR se habría alcanzado en 2015.

El organismo de control vinculó al proceso de responsabilidad fiscal que adelanta por estos hechos a 7 exalcaldes de Cartagena, varios exdirectores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena -VAL- y exgerentes y exsubgerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano EDURBE, quienes son llamados a dar explicaciones sobre los hechos generadores del detrimento fiscal. 

Dentro de los nuevos vinculados como presuntos responsables fiscales están, además, el mandatario del concesionario, así como el interventor.  

Mediante auto del pasado 8 de enero, el Despacho del Contralor Delegado Intersectorial 11 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR dispuso también mantener vinculados, en calidad de presuntos responsables fiscales, a quienes tenía en tal condición desde septiembre de 2017: el Concesionario (Concesión Vial de Cartagena S.A.) y dos exdirectores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena -VAL-.  

Con el garante (la compañía aseguradora Mapre), llegan en total a 39 los vinculados. 

De esta manera, la Contraloría General, en ejercicio del control fiscal excepcional y luego de que el Contralor Carlos Felipe Córdoba declarara estos hechos de impacto nacional para conocimiento de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción a finales de 2019, produce los primeros resultados de las investigaciones adelantadas. 

Hechos que dieron lugar a la imputación 

Para la Contraloría General, de conformidad con los soportes entregados del contrato de concesión que obran en los archivos de la Alcaldía Distrital y por el Departamento Administrativo de Valorización, así como los informes rendidos por Edurbe en desarrollo del contrato interadministrativo de supervisión o interventoría de la concesión vial, no se evidencia una relación pormenorizada de los costos y gastos ni mucho menos un análisis sobre su pertinencia y relación de causalidad con las obras y la operación de la concesión. Tampoco se evidencia un análisis sobre su veracidad ni razonabilidad desde el punto de vista económico y de eficiencia, atendiendo precios unitarios de mercado.  

En este sentido, no se encuentran verificados ni analizados los costos y gastos incurridos en las obras y la operación de la concesión tanto por Edurbe como supervisor o interventor ni por las entidades que representan y deben velar por los intereses patrimoniales del Distrito como entidad concedente y que podrían estar impactando el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) pactada.  

Debido a la naturaleza pública de fuentes de recursos como valorización y peajes de los cuales es titular el Distrito de Cartagena de Indias, que deben destinarse a financiar los costos y gastos de la concesión, el control fiscal excepcional de la CGR  tiene como propósito resarcir el detrimento fiscal que se ocasione por un desplazamiento en la satisfacción de la TIR del concesionario con motivo de costos y gastos que no guarden pertinencia, justificación técnica ni razonabilidad con el objeto de dicha concesión. 

Considera la Contraloría que, con los medios de prueba recaudados es posible establecer indicios serios de que dicho control de costos no se habría realizado a cabalidad por la entidad concedente ni la entidad titular de la valorización ni por la sociedad contratista encargada de la interventoría en la fase de operación de la concesión y respecto de las obras adicionales o complementarias por parte de quienes gerencian dicha entidad del orden departamental contratada para tal efecto por el Distrito ni por los subgerentes técnicos que tenían la función más específica de dirigir las interventorías contratadas con Edurbe, como esta concesión. 

¿Qué viene? 

Queda pendiente dentro de este proceso fiscal recibir las versiones libres de los vinculados en garantía del debido proceso y el derecho de defensa, y verificar el costo de las obras iniciales y complementarias así como los gastos de operación de la concesión a través de la sociedad Operación Vial de Colombia, con la que se habría suscrito una serie de contratos de mandato por parte del concesionario para que realizaran el recaudo de peajes, las obras de mantenimiento y la administración de la  concesión, que equivalen al 70% de los gastos de la concesión desde que comenzó la fase de operación.  

El auto que ordena las nuevas vinculaciones está agotando los trámites de notificación personal a los presuntos responsables fiscales.